Municipalidad de Córdoba al servicio de las empresas

Ya veíamos como Giacomino anunciaba con bombos y platillos el lanzamiento los colectivos diferenciales. Estos colectivos que tendrían un costo de $5 estaban dirigidos a quien viaja con su auto al centro de la ciudad todos los días y debía pagar la playa de estacionamiento. Entonces, se destina dinero para un sector de la población que tiene alternativa de transporte, y no para aquel que viaja en condiciones de hacinamiento, sin elección.

Mas allá de tratar de solucionar el problema del transporte a gente que ya lo tiene solucionado, y de paso hacer un buen negocio con el ex gerente de la Volkswagen (Raúl Merino), ahora presidente de la TAMSE, hizo pública su intención de privatizar el servicio una vez que dé ganancias. Estas ideas fabulosas ya las escuchamos en los nefastos años noventa.

Lo mismo sucederá con la basura; el riesgo lo corre el Estado con el dinero de los trabajadores y, una vez que el negocio funciona, se entrega a los expertos privados, por que “el Estado es ineficaz”.

Pero si queda alguna duda, la política municipal se trasluce claramente con la flamante ordenanza de la concertación publico-privada, de la cual decía La Voz Del Interior “… prevé un mecanismo de financiamiento de obras para la comunidad por parte de empresas privadas, a cambio de la aprobación de proyectos de construcción y/o urbanización, en condiciones de excepcionalidad respecto de las normas vigentes.”[1]

O sea, hago lo que quiero cuando quiero. La presión de los grupos inmobiliarios en Córdoba domina claramente el desarrollo urbanístico de la ciudad, mientras el municipio corre desesperado para brindar los servicios. Pero ante este gran negocio, dichos grupos no podían permitir que las normativas los condicionaran, y es así que fueron por todo, y el buen alumno, Giacomino, se lo facilitó. Además habría que poner en cuestión quien se beneficia con la obra pública que los desarrollistas deberán realizar a cambio de la flexibilización normativa. Ya que esas obras siguen incrementando el valor del suelo en áreas donde intervienen estos empresarios. Se sigue reproduciendo una ciudad (y sociedad) dual y fragmentada con equipamientos, espacios públicos, infraestructuras de alta calidad para quienes puedan pagarlos.

Un desarrollo urbano pensado no desde las presiones inmobiliarias sino para lograr una calidad de vida digna para todos los habitantes de nuestra ciudad, es fundamental y esta ordenanza acaba de herir de muerte esta posibilidad. La instalación de fabricas contaminantes en zonas residenciales, la transformación de espacios verdes en zonas urbanizadas, la instalación de grandes superficies comerciales, la súper explotación de la tierra con loteos y el impacto que este generará en la provisión de servicios, todo esto y más, es posible con esta iniciativa giacominista.

Debemos luchar por un desarrollo urbano sustentable económica, política, cultural y ambientalmente desde un modelo de inclusión urbana integral que involucre la participación protagónica de los ciudadanos para definir ¿Quién hace la ciudad? ¿Quién la piensa y planifica? ¿Para quién? ¿Con qué realidad material, con qué idea?

[1] Concertación público-privada: un debate que debería profundizarse. (2008, octubre 20). La Voz del Interior